Marcos Herrera protagonizó una feroz pelea con dos vecinos de apellido Duvara por diferencias que acarreaban sus familias, un conflicto que terminó con un chico de 17 años desfigurado, ya que sufrió una fractura de maxilar, y perdió la mayoría de sus piezas dentales y un ojo tras ser golpeado con un tubo de gas de unos 70 centímetros. Herrera estuvo prófugo en Brasil más de un año y medio hasta que fue capturado a fines de diciembre, cuando intentaba reingresar a suelo argentino. El 5 de enero pasado, un juez le dictó 120 días de prisión preventiva, pero su abogado apeló la resolución entendiendo que el plazo era excesivo. Ayer, un Tribunal de Impugnaciones rechazó su planteo y ordenó que el imputado siga preso hasta la primera semana de mayo.
El conflicto ocurrió en el barrio Ignacio Vidal de la capital y terminó con los hermanos Joaquín y Agustín Duvara lesionados, pero este último, quien hoy tiene 17 años, sufrió secuelas físicas permanentes que le impidieron terminar sus estudios y un daño psicológico que le impide una vida normal.
Tras la resolución de enero, Esteban Bustos, abogado del acusado, presentó una apelación argumentando que “nos encontramos ante una causa con una investigación muy avanzada y desde mi punto de vista de defensa, interpreto que ya se han diligenciado y llevado a cabo diferentes elementos probatorios, y que resultaba excesivo y desproporcionado el plazo de 120 días de encarcelamiento”, dijo
Este miércoles, ante los jueces Jorge Sabaini Zapata, Yanina del Visso y María Monserrath Bocca, renovó esos fundamentos y ofreció medidas de coerción alternativas: “Mi cliente se comprometió a iniciar un tratamiento psicológico y acreditar el mismo de manera mensual; también, una caución juratoria personal y medidas restrictivas de acercamiento a favor de los denunciantes y su grupo familiar. Como subsidiario, en caso de que se resolviera la negativa, solicité que se reduzca el plazo de preventiva a 30 días, ya que la evidencia que resta producir no demandaría tiempos prolongados”.
El fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, sostuvo lo que ya había esbozado en la audiencia de enero. “Desde la fiscalía planteamos que el riesgo procesal persiste y no solo en lo que respecta al peligro de fuga, sino a los riesgos de entorpecimiento y riesgo para la víctima, porque recordemos que el hecho fue sumamente violento y una de las víctimas quedó con secuelas graves. Además, son vecinos y tenemos conocimiento de denuncias previas entre las partes, lo que enmarca que el grado de violencia era muy latente y que podría agravarse si (Herrera) recuperara la libertad”, explicó.
“También hicimos mención a que el imputado fue detenido en la frontera entre Brasil y Argentina, lo que da cuenta de que el peligro de fuga persiste, e incluso hay conversaciones en las que se presume que el imputado intentó que los testigos cambiaran su declaración”, sostuvo.
Finalmente, el Tribunal de Impugnaciones se inclinó por el pedido de Roche y resolvió “no hacer lugar al recurso de revisión y confirmar la medida de coerción personal dispuesta por el juez de Garantías, como así también el plazo de la misma”.
(El Diario de la República)
