Otra vez el Concejo Deliberante capitalino volvió a ser epicentro de un escándalo, cuando este jueves en el recinto se vivieron momentos de tensión con gritos, empujones y hasta la presencia de efectivos policiales, durante el tratamiento de un pedido de repudio por los dichos discriminatorios y homofóbicos con los que una funcionaria municipal se dirigió hacia una exempleada trans, que fue despedida a mediados de febrero.
Lo sucedido fue una remake de lo vivido hace una semana atrás, cuando los concejales que responden a Hissa se negaron a tratar sobre tablas el pedido del bloque peronista PJ, que solicitó repudiar las actitudes discriminatorias y transfóbicas de la encargada de Recursos Humanos de la Dirección de Residuos de la Comuna, Adriana Garro. La mujer fue filmada en momentos en que se dirigía hacia la persona de Karla Heredia —la mujer trans exempleada de la Comuna, quien es una reconocida activista de los derechos transfeministas y LGBTIQ+— como “puto”.
En esa sesión, el cuerpo deliberativo acordó —por intermedio de la concejala Laura Sánchez, quien paradójicamente en la misma reunión ordinaria se había negado a votar la presentación del PJ— que el tratamiento sería con preferencia este jueves.
Fue cuando nuevamente los ediles oficialistas volvieron a encubrir la actitud incorrecta de Garro, en un primer momento al intentar que el pedido de repudio sea devuelto para su tratamiento en Comisión y luego pretender cerrar unilateralmente el debate y pasar a la votación para asegurarse la impunidad por contar con la mayoría legislativa.
Esa actitud desató la ira de las activistas trans que se encontraban en el recinto, lo que motivó la reacción de la presidenta del cuerpo deliberativo, Agustina Arancibia Rodríguez, quien autorizó el ingreso de la Policía para reprimir y desalojar al grupo de mujeres que apoyan el reclamo de su compañera Heredia.
Más temprano, Arancibia Rodríguez impartió una orden similar, pero para echar a los empleados del Concejo que lograron la restitución de sus puestos a través de la Justicia y que, pese a la proeza, los mantienen sin ocupación a diario en el patio del edificio de la calle Colón.
“Es indispensable comprender que el proyecto que involucra a la compañera Karla Heredia está directamente vinculado al intendente, porque lo que está sucediendo en la Municipalidad es un autoritarismo equiparable a la época del Proceso Militar. Están llevándose puesto por delante el artículo 36 de la Constitución Nacional, subvirtiendo el orden y permitiendo que de alguna manera se vulneren los derechos abiertamente, a la vista de todos y todas las ciudadanas y sin ninguna consecuencia”, afirmó el edil del PJ, Alejandro Cordido, tras la caótica sesión.
Habrá que esperar hasta la semana que viene para ver si el Concejo finalmente repudia o no que en el Municipio de San Luis se contemple el destrato con las diversidades.
Fuente_ El Diario de la República
