Zafaron. Hace unos días, los dos ciudadanos chilenos que hace dos semanas robaron una cuantiosa suma de dinero de tres oficinas del centro puntano llegaron a un acuerdo de reparación con las víctimas y quedaron libres de culpa y cargo. Puntualmente, pactaron devolverle 3 mil dólares a uno de los damnificados y los otros dos prestaron consentimiento para que la causa penal quede extinta. El dinero robado estaba en un sobre que los imputados habían escondido en un lugar no especificado; hubo otros 1.800 dólares que no aparecieron.
El hecho ocurrió el martes 9 de enero a plena siesta en un edificio de Belgrano 777. Aprovechando que la puerta de ingreso estaba abierta, entraron, subieron al segundo piso y forzaron las aberturas de tres oficinas.
Luego, al verse sorprendidos por el portero, escaparon por una ventana hacia los techos de las casas lindantes hasta que se descolgaron en el jardín delantero de una vivienda en Colón 564, justo frente al edificio del Concejo Deliberante. Mauricio Díaz Aguilera, de 25 años, se fracturó el tobillo izquierdo y al no poder seguir corriendo se escondió debajo de un auto. Sergio Axel Reyes González, su cómplice, hizo algunos metros hasta caer detenido en Ayacucho al 805.
El procedimiento policial se extendió algunas horas, pero en la requisa a los imputados solo les secuestraron objetos personales. Por eso el misterio de dónde quedó el dinero, algo que el abogado defensor Santiago Olivera Aguirre prefirió no revelar.
El 11 de enero, en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de Instrucción Ricardo Barbeito refirió que los imputados robaron 14 mil pesos de la oficina de la firma ManPower, que luego ingresaron a la oficina de la empresa Servicios e Inversiones, de donde se llevaron 4.800 dólares y 150.000 pesos, y que de la tercera oficina no sustrajeron nada.
Ese día Olivera Aguirre solicitó 8 días de prórroga de la detención, en los que comenzó a gestar el acuerdo de reparación integral con las víctimas y el fiscal. “Solicité una audiencia conjuntamente con la fiscalía y en esa misma audiencia pedí el corte de la prórroga constitucional. Con el fiscal manifestamos que los damnificados ya habían firmado por separado, no con los imputados, sino en una audiencia especial, un acuerdo en el que mis defendidos se comprometieron a devolver tres mil dólares, que es lo que se encontró en un sobre que había escondido esta gente”, refirió el letrado.
La gente de ManPower desistió de recuperar sus 14 mil pesos y la tercera damnificada ni siquiera reclamó una reparación por el daño que sufrió la puerta de su oficina, que fue menor, según el defensor.
“El responsable de Servicios e Inversiones dice que en otro sobre había 1.800 dólares más, que puede ser cierto, seguramente, pero a eso no lo encontró nadie y los imputados no se lo llevaron consigo porque claramente les hicieron la requisa y no los tenían”, explicó.
El juez de Garantías Marcos Flores Leyes pidió que los damnificados estuvieran presentes en la audiencia para escucharlos, pero ninguno quiso asistir para no cruzarse con los imputados. Aun así, y considerando que ni Reyes González, de 48 años, ni Díaz Aguilera tenían antecedentes, el magistrado hizo lugar al acuerdo y ordenó la inmediata libertad de ambos que, según manifestaron, iban a volver a Chile.
El acuerdo de reparación integral es una posibilidad para resolver conflictos legales amparado en el Inciso 6 del Artículo 59 del Código Penal y en el Código Procesal provincial. Sellado el pacto entre las partes, la acción penal, es decir, el delito, queda extinto.
EDDLR
