Gianfranco Emmanuel Escudero no lo podía creer. Se había arreglado para asistir a Tribunales, a la audiencia que definiría su futuro inmediato y si eso incluía algo que seguramente cambiaría su vida para siempre: la cárcel. Lucía una inmaculada camisa blanca con lunares. Tal vez tenía la esperanza de que el juez Marcos Flores Leyes, luego de escuchar a sus abogados explicar que no fue él, sino la familia de los damnificados los que iniciaron la “batalla campal” en la que terminaron apuñalados, entendería que el Penal no es el lugar para él. En parte porque, a diferencia de los parientes de las víctimas, a Escudero no le llueven las denuncias por amenazas en su contra como sí sucede, según expuso la defensa, con las otras personas. Pero no fue así. El magistrado de San Luis comprendió que, en tanto continúen las averiguaciones en su contra por el intento de homicidio de Roque Giménez y César Legman, Escudero deberá estar preso, en principio, los siguientes tres meses.
El joven no podía creerlo. Luego de escuchar la resolución de Leyes Flores pareció quedar al borde del llanto. Pese a todo, la medida que tomó el juez de Garantías tampoco fue la que había solicitado la fiscalía, más severa, de seis meses de prisión preventiva.
Al inicio de la audiencia, el fiscal Francisco Assat ratificó su pedido de medio año de encarcelamiento para Escudero. Argumentó que, en el caso de quedar en libertad, existe el riesgo de que se fugue o de que intente entorpecer la investigación. Y ese último punto es muy factible de suceder, según él, en vista de que todavía restan muchos testigos, vecinos del barrio 60 Viviendas, que deben declarar.
La defensora María de los Ángeles de Pasquale calificó de descabellado el pedido del fiscal. Señaló que las pruebas que le restan producir a la fiscalía son todos testimonios de personas que ya se presentaron a denunciar justamente a la familia de uno de los damnificados, los Giménez. “Están amenazados. Hay gente que no puede ni salir de su casa o que se tuvo que ir de sus hogares porque estas personas del ambiente (los Giménez) se mueven de manera pesada”, expresó la abogada.
Remarcó, además, que de todos los que han declarado solo dos dieron la versión en la cual se basa la acusación, uno es un miembro de los Giménez y el otro es Legman.
“Ellos son los únicos que dan una versión cambiada de los hechos, porque el resto de los testigos, que serán unos 13 o 14, ninguno cuenta lo que dijeron ellos”, subrayó De Pasquale.
“Acá hubo una batalla campal, producida por quienes son los damnificados, la familia Giménez y Bazán. Todos refieren que fueron los Giménez quienes fueron a la casa de Bazán con palos, caños, piedras y demás a irrumpir en una propiedad privada y armar una batalla”, dijo.
Indicó, por otro lado, que su cliente es un padre de familia y trabaja. También que sus padres cambiarán su casa, de cuatro habitaciones y un monoambiente que han construido con una vida de trabajo, por dos piezas en Villa de la Quebrada. Es decir, se mudarán porque ya no pueden vivir en el mismo barrio que los Giménez.
De Pasquale ofreció una fianza de 200 mil pesos para que su cliente recupere la libertad y pidió, en todo caso, que la medida de prisión preventiva fuera solo de 45 días.
Pero no fue suficiente, el juez entendió que debían ser 90 días.
EDDLR
